El miércoles 27 de abril en sesión de la Comisión de salud del Congreso de la República se aprobó por unanimidad la insistencia del dictamen N° 3946 que modifica los artículos 105, 106 y 122 de la Ley General de Salud con la finalidad de precisar la coordinación entre los gobiernos regionales y locales con las empresas que desarrollan actividades extractivas y que son fuentes principales de impacto a la salud de las personas, para el financiamiento, elaboración y aprobación de un plan de salud, a efectos de prevenir las enfermedades y garantizar el tratamiento de las personas afectadas.
La iniciativa legislativa, presentada por la parlamentaria Gloria Ramos Prudencio, fue observada por el Ejecutivo luego que esta propuesta fuera aprobada por mayoría en el pleno del Congreso el pasado 3 de marzo.
En dicha observación se mencionaba que habría duplicidad de funciones, además de interferencia en la normatividad ambiental existente lo que haría inviable la aprobación del proyecto. En la sesión, Ramos Prudencio manifestó; “Que se entienda bien, este proyecto no interfiere ni pone en riesgo las facultades otorgadas por el Ejecutivo a los organismos correspondientes a través de la Ley General del Ambiente que tienen a su cargo la fiscalización y las sanciones por los impactos que generen las empresas extractivas; tampoco duplican funciones porque como hemos explicado hasta el cansancio, actualmente no existe institución pública o privada que atienda a los afectados por los impactos en la salud de las personas, por ejemplo, Essalud solo atiende a sus asegurados y el MINSA a través del Seguro Integral de Salud, no cubre la atención integral por contaminación.
Por ello generamos esta alternativa válida para la atención y recuperación de las personas contaminadas, haciendo que estas empresas respondan en coordinación con el sector salud y los gobiernos regionales y locales en la elaboración de programas y planes de prevención y recuperación de la salud de los afectados por los impactos ambientales. Entonces, queda clara la intensión del proyecto aprobado para que estas empresas extractivas se asuman la reparación de la salud de las personas por agentes ambientales.